No hay demasiada variación en la línea argumental de Cristina Fernández de Kirchner. Hace ya un tiempo, alertó sobre los “funcionarios que no funcionan”. Pareciera que hoy habló sobre los Presidentes que no presiden. O que presiden por omisión, lo que equivale a tomar –o no tomar- decisiones políticas siempre y cuando no afecten los intereses económicos dominantes.
De hecho, hay oportunidades que no son aprovechadas. En momentos donde caen muchas concesiones de servicios públicos privatizados durante la década de los noventa, el gran tema parece ser cómo concesionarlos de nuevo. Esta reprivatización no será del tamaño de antaño, ni tan jugosa, pero algo es algo. Oportunidades para oportunistas. ¿Acaso los mismos?
Es más que interesante el proyecto de ley presentado para que el endeudamiento externo de la Nación sea costeado por los beneficiarios de esa deuda. Aunque al no manejar la base imponible, que depende de la buena voluntad de los evasores o de la articulación con las administraciones fiscales de otros países, estamos seguros de la bondad de la iniciativa pero no de sus efectos concretos.
Quizás sobre la base de la denuncia de Alejandro Olmos, de la Comisión Di Cola, y de la comisión bicameral que tuve el honor de presidir hasta el 2015, podamos establecer qué empresas, ya no personas, fueron beneficiarias por la nacionalización de la deuda externa contraída durante la dictadura cívico-militar; con el remate del patrimonio nacional durante la década entregada (cuando admitían a valor nominal de 100 los bonos de deuda que valían 20); con la fuga de 2001. Queda por investigar el endeudamiento del macrigobierno. Encontraremos sin duda las mismas razones sociales.
La ventaja de tal procedimiento es que la base imponible no depende de terceros. Podríamos así elaborar una suerte de “windfall tax” a lo Tony Blair –como ven, nada de revolucionario- para que esas empresas paguen en una vez lo que adeudan en materia de beneficios extraordinarios. También es posible examinar la pesificación, sólo para encontrar aquellas organizaciones que no eran deudoras netas en dólares (por sus tenencias en el exterior) y ajustar un poco las cuentas.
Sin excluir las iniciativas mencionadas, otra opción adicional más cercana, que sólo requiere de una decisión administrativa, es instalar balanzas a la entrada de los puertos privados por donde escapa el comercio exterior argentino, sólo para constatar que las declaraciones juradas corresponden con las cantidades exportadas. O verificar en los puertos de llegada la carga efectiva.
Más allá de la decisión administrativa, una decisión más política sería la recuperación del río Paraná, hoy comercializado bajo la marca “hidrovía”. No es una nacionalización, sino recuperar la concesión. Allí podemos contar con recursos que necesitamos, ya que no necesitamos tanto que vengan dólares de afuera como que no se fuguen los dólares que generamos. Hubo algo de eso en algún momento, con las Provincias ribereñas… pero fue como lo de Vicentín, que podría haber sido una exportadora pública que regule el mercado… pero con tan pocas ganas que no ganan.
En síntesis, entre los funcionarios que no funcionan, los presidentes que no presiden, sin contar que algún ministro mustio, contempla y comenta lo que tiene que conducir o por lo menos arreglar, llegamos a la conclusión que la Argentina tiene instituciones que no institucionalizan.
Es que las instituciones son esos dispositivos que la sociedad civil construye a lo largo del tiempo para la resolución de conflictos. Lo llamamos sociedad política, que supone que donde exista un conflicto debe haber una institución. En ese sentido, una Constitución es un reglamento que establece cómo estar de acuerdo en los modos de no estar de acuerdo.
Por supuesto, toda Constitución es hija de la época, esto es de las relaciones de poder existentes en la sociedad. Muchas veces como lo justo no puede ser fuerte, hay intentos para que lo fuerte parezca justo. Sin embargo, todo problema que no sea institucionalizado será resuelto por el ejercicio de la brutalidad, rara vez favorable al pueblo y al interés nacional. La institucionalidad es un territorio en disputa, y es la única herramienta de transformación posible para las mayorías.
Por eso, como los problemas suelen evolucionar, si las instituciones no varían a medida que estas cuestiones cambian de apariencia, manifestación y envergadura, es más que probable que las mencionadas instituciones no rindan cuenta de los problemas, pierdan su legitimidad y queden como burocracias, sólo interesadas en la propia permanencia en el tiempo. Una característica que las denota es el ataque a las consecuencias más que a las causas. Deuda, inflación, desigualdad.
Para institucionalizar los problemas con el ánimo de resolverlo, las instituciones precisan de un proyecto político que responda a las necesidades de la sociedad civil. Y esto quiere decir tener un plan, recuperar la planificación, que es la cuantificación razonable de ese proyecto político. El último que tuvimos fue en 1973, llamado “Plan Trienal para la Reconstrucción y Liberación Nacional”. Si las condiciones han cambiado en mucho, quizás no tanto los objetivos. Nos faltan las instituciones para cumplirlos.