La justicia en México

Los mexicanos elegirán este domingo ministros de la Suprema Corte, magistrados del Tribunal Electoral y Jueces de Distrito.

Este domingo, el pueblo mexicano irá a las urnas para elegir ministros de la Suprema Corte, magistrados del Tribunal Electoral y Jueces de Distrito. Fue una de las últimas modificaciones del anterior sexenio de López Obrador, quien tuvo que enfrentar al establishment local e internacional para conseguir esta reforma constitucional que culmina una etapa más hoy.

Y es aquí donde comenzamos a filosofar. Porque la justicia es un valor, y la administración de justicia es una función. Por supuesto, los opositores a la reforma confunden valor y función, de modo tal que la administración de la justicia pasa a ser la justicia misma. Esta metonimia, figura retórica que consiste «en designar algo con el nombre de otra cosa tomando el efecto por la causa o viceversa» (según la RAE), es una acción política concreta de los sectores conservadores. Así, todo intento de reforma que afecte a la corporación judicial pasa por un crimen contra la justicia. Desde ya que no sucede sólo en México, ni en nuestro tiempo. Bien lo supo Franklin D. Roosevelt durante el primer mandato (1933-1937), cuando la Corte Suprema de Estados Unidos se opuso de manera sistemática a las reformas del New Deal. Fue cuando el Juez Frankfurter argumentó contra el «gobierno de los jueces», entendido como el poder de nueve personas, que por el sólo hecho de pertenecer a la Corte Suprema y tener cargos de por vida cancelan leyes votadas por los representantes del pueblo. La legitimidad de los jueces, decía Frankfurter, reside en la interpretación de las leyes, no en hacerlas, pues si así actúan «la perdedora será la democracia misma». Por suerte para los norteamericanos, Roosevelt pudo renovar cargos en la Corte a lo largo de los cuatro mandatos que ejerció como presidente. Primacía de la política. 

López Obrador también tuvo los mismos problemas con la Suprema Corte en proyectos clave del gobierno como el Tren Maya o la refinería Dos Bocas. Por eso encaró la renovación del poder judicial sobre la base de la designación de jueces por elección. Ante la dificultad, hay que recordar que el pueblo es soberano. Aquí sobresalen las condiciones estratégicas de AMLO, que eligió el tema, la reforma constitucional; el lugar, Congreso y Estados; así como el momento, al final del sexenio. De este modo él cargaba con el desgaste de enfrentar las mayores críticas, las huelgas de jueces y empleados judiciales (!) y las injerencias internacionales a favor del inmobilismo. Así le ahorró un desgaste innecesario a Sheinbaum, lo que hubiese sido gravoso al principio del mandato, por lo que ahora la presidenta debe empujar al gol la pelota lanzada en centro por López Obrador. En México hay un Proyecto Nacional.

Por eso la articulación de fuerzas antinacionales. Desde ya el PAN, PRI y MC en cuanto a partidos políticos; los funcionarios de la administración de Justicia; las embajadas extranjeras, los medios de comunicación reaccionarios y el interés de los grandes empresarios. ¿Qué les molestará? ¿Que exista el anonimato para jueces que tengan que enfrentar los crímenes por narcotráfico? ¿Que exista un tribunal de disciplina para evaluar el comportamiento de quienes administran justicia? ¿Que deban rendir cuentas a la ciudadanía? ¿Que termine la opacidad y el secreto en el Poder judicial? Ken Salazar, el embajador de Biden en México, habló de la «amenaza» que supone la reforma, así como el «riesgo para la democracia mexicana». También hubo senadores estadounidenses contra la reforma, ya que «socavaría la independencia judicial» y «pondría «en peligro» los intereses económicos bilaterales». Graeme Clark, por entonces representante de Canadá, también advirtió acerca de «la confianza de los inversionistas». A tal coro sumamos a las calificadoras de riesgo como Fitch o Morgan Stanley que manifiestan preocupación. Los medios europeos “progresistas” no se quedan atrás. Desde The Guardián hasta Le Monde consideran que la reforma es un «salto al vacío», «inédita», «controversial», «vulnera la separación de poderes», «habrá jueces menos calificados», «es una cita a ciegas con la democracia» (sic)… Almas sensibles. Sin embargo, las estadísticas del poder judicial en México muestran que más del 90% de los crímenes quedan impunes, lo que sin duda explica que el 70% de la población considere corrupta a la administración de justicia. ¿Es lo que quieren mantener?

Fiel a la propia historia, México nos muestra el camino para terminar una administración de justicia guionada por las élites e intereses foráneos.  No será fácil, pero el riesgo es el precio de la esperanza. Escuchemos a la presidenta Sheinbaum: «Nuestra cercanía con el pueblo es la mejor defensa ante cualquier intromisión extranjera. No traicionamos ni vamos a traicionar al pueblo de México, y eso nos da una fuerza inmensa». «